Puerto Rico busca una reestructuración de su deuda

LibreRed

Puerto Rico ingresará un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos (EEUU) para que declare constitucional la ley que permita a las corporaciones públicas de la isla caribeña reestructurar sus deudas, informó el ministro de Justicia puertorriqueño, César Miranda.

“Estamos acudiendo al más alto foro judicial en la esfera federal, para que se le reconozca a Puerto Rico su facultad de legislar en materia de reestructuración fiscal de las corporaciones públicas”, expresó Miranda, citado en Prensa Latina.

La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico aprobó la Ley 71 de 2014 para reestructurar la deuda pública del país, que alcanza los 72 mil millones de dólares, pero el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en la isla la declaró inconstitucional, lo que ratificó el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.

Miranda explicó que, dado que en 1984 se excluyó a Puerto Rico del Capítulo 9 del Código de Quiebras Federal, “el campo para poder legislar en esa área nunca fue ocupado, por lo que nuestra Ley 71 es válida”.

“Para el alto cargo no es inaceptable que se coloque a Puerto Rico en estado de indefensión en sus asuntos fiscales, por lo que defendemos con firmeza el derecho a crear legislación que dicte los procesos ordenados que tanto el gobierno como sus acreedores necesitan para enfrentar el cúmulo de deuda”, dijo el ministro puertorriqueño.

Asimismo, insistió que “el Tribunal Supremo de los Estados Unidos debe acoger nuestra petición para que se reconozca la facultad de Puerto Rico de legislar una reestructuración fiscal en las corporaciones públicas”.

Consideró que es hora ya de que se despejen las dudas infundadas que se han estado lanzando sobre la capacidad del ELA de encaminar sus asuntos en materia de legislación fiscal.

La ley fue impugnada en junio de 2014 por acreedores de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica en el tribunal federal en San Juan y en febrero pasado el juez federal Francisco Besosa la declaró inconstitucional, lo que impidió su puesta en vigor, añade Prensa Latina.