Por: Kevin Díaz
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFM) pide se haga pública a corto plazo la resolución de la demanda millonaria ($300 millones) interpuesta ante el CIADI por la empresa Oceana Gold contra el Estado salvadoreño.
“Durante cinco años de litigio, El Salvador ha tenido que gastar $12.6 millones por el pago de abogados, árbitros y otros gastos procesales. Creemos que solo con ese dinero se pudieron construir 1,250 casas para gente empobrecida; o construir y equipar un hospital de primer nivel; o construir 125 escuelas públicas”, señala la organización en su comunicado.
El representante legal de la Mesa, Saúl Baños, sostuvo que la resolución debe ser favorable al Estado salvadoreño, ya que este no otorgó la concesión a la empresa porque no cumplió requisitos básicos legales.
Asimismo, señaló que la empresa minera “trató de engañar al tribunal del CIADI, asegurando que estaba protegida por el Tratado de Libre Comercio (TLC). A nuestro juicio el proceso debió haber terminado por esto”.
Baños considera que la resolución se ha dilatado debido a un posible acuerdo “bajo la mesa” entre la empresa y el tribunal.
“Nos preocupa que pueda estar pasando lo mismo que en el caso CEL-ENEL. Esperamos que no se esté negociando de esa manera este caso de Oceana Gold contra el Estado salvadoreño”, reiteró.
De ser favorable para El Salvador, los ambientalistas indicaron que la sentencia sentará un precedente para que el país se apruebe la legislación necesaria que prohíba la extracción minera.
Por su parte, de ser favorable para la empresa, señalaron que se sentará un precedente favorable para que más empresas demanden millonariamente a El Salvador.
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