TeleSur
La Coordinadora
Nacional de Trabajadores No Más Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de
Chile convocó este jueves a una marcha nacional para el 6 de octubre, con el
fin de exigir al Gobierno de Sebastián Piñera la desestimación del sistema de
capitalización individual.
La organización
agrupa a Confederaciones, Federaciones y Sindicatos que buscan recuperar la
Seguridad Social de los chilenos, por lo que reclaman que sean restituidos los
proyectos a favor de la estabilidad ciudadana.
El actual modelo
de pensiones, fundado en el decreto ley 3500 de 2009, es obligatorio y consiste
en que todos los trabajadores deben depositar cada mes un porcentaje de su
sueldo o ingreso en una cuenta personal en una AFP, lo que financiará la
pensión futura en la etapa de retiro.
Finalmente, lo
que debe ingresar cada individuo responde al 10 por ciento de su remuneración o
renta imponible, más otro porcentaje para la comisión que cobra la AFP por
gestionar esa cuenta y uno más para acceder al Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (SIS).
El coordinador de
No Más AFP, Luis Mesina, recalcó la falta de conciencia del mandatario chileno
respecto a la sensación de estafa que se generará en la sociedad cuando en enero,
de acuerdo con la agenda del Gobierno, las personas se percaten de que la
mejora no superará los 100.000 pesos adicionales.
Según Mesina,
"lo único que ofrece esta reforma es aumentar en 10.700 pesos el monto que
entrega el Estado a través de la Pensión Básica Solidaria".
Según la
profesora jubilada y miembro de No Más AFP, María Ojeda, el objetivo es
"mostrar que los chilenos no pueden acceder a los fondos que ahorran.
Nosotros estamos cuestionando que no hay seguridad social y no pretendemos
sacar los fondos. Estamos generando esperanzas para poder cambiar el sistema
previsional".
La protesta
masiva convocada para este fin de semana llega luego de que se presentaran ante
el Tribunal Constitucional dos casos relacionados con el tema, uno en Punta
Arenas y otro en Antofagasta.
Este último abre la
posibilidad de que el Tribunal se pronuncie respecto de la legitimidad y
disposiciones del decreto ley 3500 que rige dicho modelo de pensiones.
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