Durante 26 meses Ivy Jazmín
Gutiérrez, psicóloga y cantante acusada de extorsión agravada, ha sido víctima
de un proceso judicial violatorio de sus derechos humanos y constitucionales;
ante esta situación la joven de 29 años se presentó este miércoles 2 de mayo en
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitando a la Sala de lo Constitucional
revise su caso marcado de irregularidades desde su detención el 11 de febrero
de 2016.
El escrito de Habeas Corpus dirigido
a los magistrados de dicha Sala, detalla el caso de Ivy Gutiérrez detenida
ilegalmente en Sonsonate por dos agentes policiales. “A ella le inventaron los
hechos acusados, dado que le hicieron ver que la estaban capturando por el
delito de robo de un celular y la trasladan del lugar donde se lleva a cabo la
captura ilegal, con rumbo a la Delegación del Nueve Once de la PNC, por ello,
se satisface el requisito de procedencia de este tipo de habeas corpus”, señala
la defensa en el recurso jurídico.
La detención ilegal y las
irregularidades en el proceso penal contra la joven profesional requiere de la
intervención de la Sala de lo Constitucional, “protegiendo el derecho de
libertad física, amenazada debido a que el caso estando en la etapa de
señalamiento de juicio en el Tribunal de Sentencia de Sonsonate, podría
imponerse una pena grave que oscila entre diez y quince años de prisión”.
Dennis Muñoz, abogado defensor de
Gutiérrez, marcó que la Sala reconociendo la detención ilegal y arbitraria
generaría la decisión de establecer la nulidad del proceso penal, fundamentado
en el artículo 346 del Código Procesal Penal.
“Si la Sala de lo Constitucional
otorga el Habeas Corpus antes del 23 de julio de este año, fecha en que está reprogramada la vista pública del caso, se estaría argumentando el articulo 346
numeral 7 en donde se establece justamente que cuando se ha vulnerado una
garantía y derecho fundamental es nulo absolutamente el proceso penal como sucedió
en el caso de Daniel Alemán y otras personas”, apuntó Muñoz.
En este sentido, Ivy Gutiérrez pidió
a los magistrados una pronta respuesta a su solicitud. “Espero que sea un
proceso rápido y podamos obtener una respuesta favorable; se ha ofrecido como
prueba una copia del expediente, creo que no es necesario ser abogado o tener
grandes títulos para comprender las muchas irregularidades que se encuentran en
el expediente”, dijo la joven psicóloga. Sostuvo que agotará todos los recursos
jurídicos para que se cumpla su derecho
de cumplida justicia, principio constitucional vulnerado por el sistema
judicial salvadoreño.
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