Redacción y foto Kevin Díaz
“Los victimarios son las pandillas,
sin embargo la no atención del Estado se considera también una agresión”,
señalaron en conferencia de prensa representantes de la organización Cristosal
a la espera de que la Sala de lo Constitucional resuelva oportunamente los seis
recursos de amparo interpuestos por familias (60 personas) víctimas de
desplazamiento forzado.
Cinco de las demandas han sido
admitidos y la última que fue presentada este año se encuentra en proceso de
admisión. “Los procesos se encuentran avanzados en su transmisión y en tres de
ellos están en la etapa probatoria, por lo que es muy posible que se cuente con
sentencia en algunos de ellos en los próximos meses”, indicó la organización.
La Sala de lo Constitucional en la admisión
de las demandas emitió medidas cautelares ordenando a las instituciones del
Estado a tomar las medidas pertinentes para asegurar la integridad personal y
la seguridad de las víctimas, propiciar los mecanismos de seguridad pertinentes
para que puedan retornar a sus domicilios, así como las medidas para
judicializar a los responsables de los desplazamientos.
“Estamos a la expectativa de que sus
sentencias puedan ir más allá y señalar la obligatoriedad en primer lugar de
legislar una normativa adecuada hacia la protección de las víctimas, y en
segundo término obligar a las estructuras del Estado, particularmente las del
Ejecutivo, a generar propuestas y acciones eficaces en función de las
víctimas”, manifestó Celia Medrano,
directora regional de Cristosal.
Destacaron la decisión del IDHUCA y
la Fundación Asylum Access de presentarse en calidad de “amigos de la Corte”
(Amicus Curiae) apoyando con asistencia especializada en el tema; en este
sentido confían que el proceso iniciado por algunas víctimas de desplazamiento
interno contribuya a la concreción de políticas y medidas para la atención integral
a las víctimas de desplazamiento por violencia generada principalmente por las
pandillas.
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