México: Estado de excepción permanente

Opinión

Por: Silvina Romano / CELAG

La masacre de maestros en Nochixtlán, Oaxaca, profundiza las certidumbres sobre el terrorismo de Estado que opera en México bajo una fachada democrática.

Interesa aquí dejar claro el accionar del gobierno en contra de las libertades y garantías que debería asegurar cualquier Estado de Derecho. A pesar de la obviedad de la impunidad y arbitrariedad con la que actúan la policía y las Fuerzas Armadas, hace unos días, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Jorge Ruiz Martínez, pidió a la sociedad no creer en los rumores de que Oaxaca estaría bajo un “Estado de Sitio” y aclaró que “menos aún existe la posibilidad de que el Ejército tome las calles y evit[e] la libre circulación de las personas”[1]. Queda la duda de si Ruiz Martínez considera realmente que se está procediendo bajo el orden de la legalidad, o si su afirmación obedece a puro cinismo.

Sin descartar el cinismo, debemos recordar que ciertamente, existen leyes que avalan la “ilegalidad”, o lo que debería ser ilegal en cualquier Estado de Derecho. En el marco de la Guerra contra el Narcotráfico,  entró en vigencia en México la ley de seguridad nacional de 2011 que establece que “para preservar la tranquilidad nacional, y en la colaboración que ejercen en tareas de seguridad pública, el Ejército y la Armada pueden intervenir sin que sea necesaria la declaratoria de estado de excepción establecida en el artículo 29 de la Constitución”[2]. Así es que Ruiz Martínez está en lo cierto, no se declaró Estado de Sitio, porque no hace falta, pues se ha naturalizado el empleo de las Fuerzas Armadas para imponer el orden interno. Y esta naturalización sentó las bases para un marco jurídico que “legalizó” el Estado de excepción permanente[3].

El periodista e intelectual Carlos Fazio afirma  que México “vive un Estado de excepción no declarado, donde es posible rastrear la historia de una auténtica política oficial de exterminio”[4]. A su vez, como lo aclara Raúl Romero, este exterminio se enmarca en un capitalismo criminal que utiliza lo legal para la reproducción del capital ilegal. Esto permite dinamizar la economía mediante la guerra, facilitar los procesos de despojo y acumulación, eliminar las resistencias y la mano de obra desechable, al mismo tiempo que se controla la sociedad mediante el miedo y el terror[5].

Precisamente, hace casi un año (agosto 2015), un colectivo de organizaciones sociales denunciaba que en Oaxaca se estaba implementando en los hechos un Estado de excepción, no solo en ese Estado sino en todo el país: “Como ha sucedido en otros momentos de la historia, hoy el Estado echó a andar abiertamente su “política” militar y policiaca contra todas las manifestaciones del movimiento social”. En el mismo documento se recuerda que estas medidas de seguridad se dan en el marco de la “gran debacle económica en que se encuentra el país, lo que sin duda ahondará la brecha de pobreza y desigualdad” [6].

De este modo, no se trata solo de violencia desatada por las fuerzas de seguridad del Estado, sino que es una violencia instalada a partir de las políticas económicas implementadas por el Estado para “acabar con los pobres y la pobreza”, pero no porque se proporcionarán medios para mejorar la calidad de vida de las mayorías, sino que se hará lo contrario, exterminando la disidencia por medio de las represión pura y profundizando la miseria. Vale recordar aquí lo que enfatizaba el periodista Rodolfo Walsh en su carta a la Junta Militar argentina en marzo de 1977, que había inaugurado un año atrás el terrorismo de Estado más cruel que vivió ese país: “En la política económica de ese gobierno [la Junta] debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”[7].

Es decir, la violencia desatada desde el Estado no se materializa única ni principalmente en la represión por medio de las fuerzas de seguridad, sino que cristaliza en políticas destinadas profundizar la miseria, la desigualdad y la indignidad, dentro de las que se incluye la reforma educativa que ha dado lugar al presente conflicto. En este sentido, cualquier proyecto, sea de “guerra contra las drogas”, contra el “crimen organizado” o proyectos por la “seguridad ciudadana” que se centren en la militarización, tienen como objetivo principal (sea explícito o implícito) eliminar cualquier obstáculo para la inmediata realización y transferencia de excedentes[8] de un sistema cada vez más desigual y abiertamente criminal.

TeleSur