Opinión
Por: Mauro Andino Alarcón/CELAG
Cuando en el año
2008, durante la reunión de la Asociación de Bancos de Paraísos Fiscales, OSGD
[1] (sí, como lo leyó, tienen una asociación), su presidente Colin Powell
(homónimo del ex Secretario de Estado de los EEUU) anunciaba: “Estamos
contentos porque los países están aceptando cada vez más nuestras propuestas de
transparencia” [2], nunca se imaginaron que el mapa del tesoro podría ser
descubierto y que se divulgarían a nivel internacional los nombres y apellidos
de los propietarios de las cuentas bancarias con ingresos de dudosa procedencia
en paraísos fiscales, tal como se visualiza en los Panamá Papers.
Resulta que los
dineros depositados en estas cuentas bancarias o las empresas de papel creadas
en estos territorios, en su mayoría, carecen de principios éticos. Sus orígenes
provienen de ingresos por evasión de impuestos, lavado de dinero, tráfico de
armas, pagos a lobistas. Sí, al parecer los nuevos piratas encontraron dónde
esconder sus botines.
Pero ¿por qué
ocurrió esto ahora? ¿son nuevos los paraísos fiscales? ¿por qué se genera ahora
el debate ético de los paraísos fiscales?
La historia de
los paraísos fiscales data de hace más de 200 años. En 1815 en Viena, Austria,
el Congreso aprobó la “neutralidad” de Suiza en cuanto a impuestos y secreto de
información bancaria. El Estado estadounidense de Delaware en 1889 incorporó el
secreto de información en la creación de empresas con la finalidad de contener
los capitales que escapaban en busca de mejores rendimientos en el sistema
financiero internacional. Precisamente, Delaware y Nevada han atraído
aproximadamente 12 trillones de USD dólares de inversión extranjera en el marco
de este tipo de medidas[3].
Durante la
década de los ’80, muchos países aplicaron las conocidas recetas neoliberales
promulgadas durante la era Reagan – Thatcher. La doctrina consistía en hacer
más pequeños los Estados para que el mercado pudiera actuar libremente y sin
regulaciones; así el mercado se encargaría de generar caudales de riqueza que
se traducirían en bienestar para la población. La mayoría de los países
adoctrinados vieron cómo sus recaudaciones tributarias disminuían
aceleradamente por las exoneraciones de los impuestos y la poca capacidad de
control de las Administraciones Tributarias. Los Estados se quedaban sin los
recursos para poder cubrir las necesidades básicas de la población. Como
resultado, se comenzaron a sentir los efectos devastadores de una pobreza
indolente que contrastaban con una gran concentración de riqueza en pocas
manos. Era evidente que algo no funcionaba bien.
En el año 2009,
durante la crisis del Sistema Financiero y luego del gran rescate bancario,
muchos de los flujos entregados para el salvataje de los bancos corrieron a
esconderse nuevamente en los paraísos fiscales.
Es así que la
economía capitalista comienza a presentar un síntoma al que la teoría
neoliberal no podía responder. El modelo capitalista había sido emboscado desde
su interior. Con la retórica liberal de “laissez-faire”, el capitalismo dejó al
capital a merced de un sistema financiero que tenía todas las libertades para
actuar. El excedente productivo –necesario dentro del modelo capitalista para
producir las condiciones objetivas que combinada con la fuerza de trabajo generan
productos que unas vez vendidos se convierten nuevamente en utilidades o
excedente– se está desviando a otra función que no genera producción social.
Las corrientes de los paraísos fiscales atrajeron, fuera de la costa y del
control, a toda clase de capitales con la finalidad de ocultar la riqueza que
no deseaba ser destinada a una función productiva o simplemente, riqueza mal
habida. En fin, piratas son piratas.
Durante los
últimos años, este desvío de capitales
comienza a generar problemas. La mayor concentración de la riqueza genera
ineficiencias productivas. La falta de inversión genera menor innovación y
productividad, por ende menor competencia y mayor concentración del mercado,
desempleo y menor generación de ingresos para ser distribuidos. Esto también
reduce la capacidad de los países para poder solventar las políticas fiscales.
Los presupuestos de los países no tienen los recursos adecuados para cubrir las
necesidades básicas de la mayoría de la población de menos recursos y se
incrementan las brechas sociales.
Sumado a lo
anterior, los gobiernos de los países en desarrollo experimentan serias
dificultades para recaudar impuestos a la renta o al consumo de la población
pobre, habitualmente numerosa e incluso mayoritaria. Por lo general, esos impuestos
son poco populares, costosos para recaudar, y a la vez empeoran los mismos
déficits de necesidades fundamentales que supuestamente tienen que paliar. Sin
embargo, esos mismos gobiernos también enfrentan dificultades al imponer
impuestos a aquellos que podrían pagar. A través de mecanismos financieros,
societarios sofisticados, los ciudadanos con mayores riquezas en los países y
las corporaciones que operan en los mismos, eluden el pago de impuestos. El
Boston Consulting Group estima que 31% de toda la riqueza financiera privada
que se posee en África y Medio Oriente se encuentra fuera de esas regiones. En
América Latina, 28% de la riqueza –un total de US$2.9 trillones– es conservada
fuera de los países de la región, mientras que en Europa y Norte América el
porcentaje es de 7,8 y 2 respectivamente. En el caso de Ecuador, según
declaración del Director General del Servicio de Rentas, alrededor de USD
30.000 millones de capital se encuentran en paraísos fiscales.
Para recaudar
impuestos sobre la renta y la plusvalía (ganancia de capital) producida por
esta riqueza, los gobiernos dependen en gran medida de la “honestidad” de sus
contribuyentes, ya que no tienen acceso a información sobre los holdings de los
mismos en el extranjero.
Aún más
inquietantes son las maneras en las que las multinacionales reducen su carga
impositiva, generalmente creando subsidiarias adicionales en paraísos fiscales
para que luego sus subsidiarias en países pobres contraten a las que están en
los paraísos fiscales a fin de disminuir las ganancias tributables mientras se
aumentan las ganancias libres de impuestos en los paraísos fiscales –acuerdos
que implican facturación comercial falsa, precios de transferencia abusivos, o
tasas infladas de consultoría o para registrar marcas, por ejemplo. La Global
Financial Integrity estima que la facturación comercial falsa representa el 80%
de los flujos financieros ilícitos de países en vías de desarrollo, que sumaron
US$6.6 billones entre 2003 y 2012 y alrededor de US$1 billón solamente en el
2012.
La exacerbada
concentración de la riqueza oculta en los paraísos fiscales genera este
escenario preocupante en un mundo cada vez más desigual. Claramente, la
reducción masiva en los déficits de los presupuestos se podría lograr al
permitir que los países en desarrollo recauden un nivel de impuestos razonable
de corporaciones multinacionales y de sus ciudadanos más pudientes. Se puede
responsabilizar a varios grupos de agentes por la actual incapacidad de los
países de recaudar impuestos. Están, por ejemplo, el secreto y las
jurisdicciones de paraísos fiscales (incluyendo Suiza, Irlanda, el Reino Unido
y Estados Unidos) que estructuran sus sistemas tributarios y legales de tal
manera que fomentan el abuso tributario y protegen el secreto bancario en
contra de las autoridades tributarias de los países menos desarrollados. Además
de estas jurisdicciones deshonestas/corruptas, existen muchos individuos y
corporaciones dentro de los países que erosionan la base tributaria del Estado
al usar paraísos fiscales para evadir o reducir los impuestos sobre su riqueza
y ganancias. Y existe un gran número de banqueros, abogados, contadores y
lobistas “inteligentes” que inventan, implementan y legalizan esos “esquemas”.
Algo no huele bien o algunas personas no huelen bien por más perfume que se
pongan. Como decía el presidente estadounidense Abraham Lincoln “Se puede
engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede
engañar a todos todo el tiempo”.
Lo que se
debería exigirse a los gobiernos es un gran pacto ético. Este debería contener
la reforma del sistema internacional financiero y fiscal para que ya no pueda
facilitar la evasión fiscal y el masivo flujo financiero ilícito de los países
en vías de desarrollo. La clave para reducir la brecha tributaria y el déficit
en cumplir con las necesidades fundamentales es la transparencia financiera
global: la abolición de las empresas fantasma y cuentas anónimas, intercambios
automáticos de información tributaria a nivel mundial, y el requisito de que en
todos sus informes anuales auditados y sus declaraciones de ingresos, las
corporaciones multinacionales reporten sus ventas, ganancias e impuestos
pagados en todos los países y en cada jurisdicción en la que operan. Se deben
implementar o fortalecer los impuestos al patrimonio no productivo. A esto se
debe adicionar un pacto ético político como el propuesto en Ecuador, donde
todos los candidatos a votación popular deben demostrar que no tienen riqueza
en paraísos fiscales.
Ahora que ya se
conoce el mapa del tesoro, no se debe dejar que los piratas sigan haciendo de
las suyas. La presión y el control de los ciudadanos es imprescindible.
TeleSur
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