Prensa Latina
Hoy, entre lamentos
y recriminaciones de la población y de los políticos, crece el cuestionamiento
a derechos constitucionales que hacen de la cultura de las armas algo único en
Estados Unidos y ayuda a la la prevalencia de la violencia armada, aprovechada
por algunos para atemorizar a sus compatriotas.
El columnista
del The Washington Post, Eugene Robinson, aborda esa idea y subraya que aunque
se enmiende la Constitución otra respuesta haría más daños a las libertades de
los estadounidenses.
Mantener las
armas de combate de tipo militar fuera de las manos de maníacos, señala, no
debe ser una idea polémica.
La segunda
enmienda consagra el derecho a poseer y portar armas, y el Tribunal Supremo ha
dictaminado que se trata de un derecho individual, no colectivo, agrega.
El tribunal dejó
claro, sin embargo, que esto no excluye las medidas razonables de control de
armas, algo a lo que se oponen los republicanos que son mayoría en el Congreso.
Al respecto,
puntualiza, el Congreso debería prohibir inmediatamente la venta de armas a
cualquier persona que tenga antecedentes de enfermedades mentales o se crea
vinculado a posiciones extremistas.
Por otra parte,
no faltan los que utilizan la tragedia de Orlando para fines electorales, y por
ejemplo, el republicano Donald Trump, acuña ya una política de miedo para
aterrorizar a los estadounidenses y presentarse como "el salvador del
mundo" con ideas cargadas de xenofobia y anti-islamismo.
El plan del
seguro nominado a las elecciones de noviembre, es atacar al gobierno y a la
potencial candidata demócrata, Hillary Clinton, por estar presuntamente
promoviendo políticas que ponen en peligro a los ciudadanos.
Pero, esa línea
de acción está en la cuerda floja, ya que son los republicanos los que se
oponen al control de armas en el país, mientras los demócratas exigen a los
legisladores del partido rojo unir sus esfuerzos para impedir que los
sospechosos de terrorismo compren armas, o en caso contrario enfrentar las
consecuencias.
Este lunes el
partido azul dijo que retomará una ley que permitiría que el FBI niegue la
compra de estos artefactos a personas en las listas de vigilados por
terrorismo, una propuesta que fracasó en diciembre ante la oposición de los
rojos.
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