Opinión
Por: Silvina M. Romano / CELAG
Un día antes de
que la Asamblea Nacional Venezolana asumiera sus funciones, el 5 de enero de
2016, el Departamento de Estado emitió un comunicado llamando a que se
respetara “la independencia, la autoridad y las prerrogativas constitucionales”
en Venezuela. En dicha ocasión, ya advertíamos que era nada menos que curioso
que el Departamento de Estado se apresurara a hacer declaraciones con respecto
a Venezuela, pero que no se pronunciara sobre lo que estaba ocurriendo en
Brasil[1]. A su vez, en el transcurso de la semana pasada, el vicepresidente
estadounidense Biden volvió a recordarnos su “preocupación” sobre lo que ocurre
en Venezuela por lo que él considera “violaciones a los Derechos Humanos”[2] y
hace un mes, Obama “renovó” por un año más el decreto que declara a Venezuela
como amenaza para la seguridad en EEUU[3].
Sin embargo,
sobre Brasil hay un sospechoso perfil bajo por parte del gobierno
estadounidense. Sólo se conoce lo publicado por el vocero de la Casa Blanca
John Earnest: “Obama confía en la fortaleza de las instituciones brasileñas
para soportar lo que está sucediendo”[4]. Lo que se conoce menos es que Michel
Temer, quien quedó como sustituto de Dilma Rousseff, es un ex informante de la
CIA; y que la embajadora estadounidense en Brasil Liliana Ayalde, cumplía esa
misma función en Paraguay en vísperas del “golpe institucional” a Fernando
Lugo[5]. Este vínculo se extiende además al ámbito de los negocios, sabiendo
que la derecha brasileña tiene una histórica y fluida relación con las elites
estadounidenses.
Durante el
gobierno de Joao Goulart a inicios de los ‘60, los mecanismos de
desestabilización previos al Golpe se nutrieron de campañas de prensa que
buscaban mostrar al mundo un Brasil en caos, perdido, además de la aplicación
de presión económica de todo tipo. Un elemento clave de aquel proceso fue la estrecha
relación entre empresarios brasileños y el gobierno estadounidense. Tal como lo
muestran documentos desclasificados, el gobierno estadounidense envió a Brasil
algunos funcionarios que se reunieron con grupos de la Cámara de Comercio de
Estados Unidos en Río de Janeiro y San Pablo, y con buena parte de los hombres
de negocios y banqueros importantes de Brasil y Estados Unidos; asimismo,
tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones con los gerentes de la
American Foreign Power y la Brazilian Light and Power, que constituían uno de
los objetivos del programa de nacionalización del gobierno de Goulart[6]. El
Departamento de Estado destacaba en aquel momento la necesidad de “mantener un
clima favorable en Brasil para las inversiones estadounidenses y para asegurar
la máxima participación de capital norteamericano en los programas de la
Alianza para el Progreso implementados en Brasil”[7]. Goulart fue derrocado por
un golpe cívico-militar en 1964, inaugurando una “nueva modalidad” de Golpe,
según funcionarios de EEUU[8].
El periodista
estadounidense Glenn Greenwald, desde Brasil, es uno de los que vincula la
situación actual con lo sucedido en 1964: “soy testigo del modo en que se está
desmantelando la democracia –que es lo que está sucediendo– por parte de la
gente más rica y poderosa de la sociedad, que utiliza los medios masivos para
hacer propaganda a favor de una minoría de familias extremadamente ricas,
muchas de las cuales apoyaron el Golpe militar [de 1964], da realmente
miedo”[9].
La diferencia es
que en la actualidad son los políticos Brasileños los que se toman la molestia
de viajar a EEUU, pero los intereses que se resguardan parecen ser los mismos.
Aunque poco trascendió en la prensa, al día siguiente del impeachment en la
Cámara Baja, el Senador Aloysio Nunes del PSDB (principal partido opositor) fue
a EEUU por tres días. Es fundamental señalar que gente del PSDB como Nunes
apoyó con su presencia las primeras manifestaciones en Sao Paulo contra el
resultado a favor de Dilma Rousseff en las Urnas, elecciones en las que Nunes
se candidateaba como vicepresidente, manifestaciones que fueron catalogadas en
su momento como golpistas. Además, entre los fundadores del PSDB encontramos a
Franco Montoro, Sérgio Motta y José Serra[10]. Serra acaba de ser nombrado
Canciller del nuevo gobierno de “transición” de Temer y es conocido por su
acérrima oposición al gobierno venezolano[11].
Volviendo al
viaje de Aloysio Nunes, apenas llegó a Washington un grupo de brasileños se
acercó a preguntarle por qué estaba apoyando un golpe en Brasil[12]. Pasado ese
mal rato, se ocupó de lo importante: se entrevistó con funcionarios, lobistas y
gente cercana a Clinton. Se reunión con Bob Corker y Ben Cardin del Comité de
Relaciones Exteriores del Senado. También se hizo un tiempito para ver al ex
embajador de EEUU en Brasil, Thomas Shannon y comer con el lobby del grupo
empresarial Albright Stonebridge, dirigido por la ex secretaria de Estado de
Bill Clinton, Madeleine Allbright y por Carlos Gutiérrez, ex secretario de comercio
de Bush y ex CEO de Kellogg[13]. Conociendo estos detalles, surge la pregunta
de qué tipo de “negocios” fue a realizar Nunes a EEUU.
Un indicio nos
lo proporciona el tipo de gente con la que se reunió Nunes, como Thomas
Shannon. Shannon es actualmente Subsecretario de Estado del Departamento de
Estado para Asuntos Políticos. Se desempeñó como embajador en Brasil hasta
septiembre de 2015, fue Secretario Asistente del Departamento de Estado para el
Hemisferio Occidental (2005-2009); fue asesor especial del presidente Bush ante
el Consejo de Seguridad Nacional y Director de Asuntos Inter-Americanos en el
mismo Consejo entre 1999 y 2000; también estuvo de “consejero” en la embajada
de EEUU en Caracas, desde 1996 hasta 1999[14]. Shannon fue un acérrimo defensor
de los TLCs y de las políticas neoliberales de Chile y México, en el contexto
en el que surgían y se consolidaban otras propuestas de integración a nivel
regional[15].
Otro dato es que
en ocasión de las elecciones de la Asamblea Nacional en Venezuela (diciembre
2015) un grupo de legisladores de América Latina y EEUU pidieron al presidente
Maduro permitir la presencia de Observadores Electorales –porque en aquella
ocasión en lugar de la OEA la observadora fue la UNASUR, la cual aparentemente
no era “fiable” para los solicitantes– y que diera fin a los procesos penales
de los “presos políticos” de la oposición. Curiosamente, los que encabezaron la
lista de los 157 firmantes fueron Ben Cardin y Aloysio Nunes[16], de modo que
la relación entre ambos ya viene aceitada desde su lucha contra la democracia
en Venezuela.
TeleSur
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