TeleSur
La Justicia de
Honduras dictó este domingo un auto formal de procesamiento y prisión
preventiva para los cuatro presuntos asesinos de la ambientalista Berta
Cáceres.
Los acusados por
el Ministerio Público por este crimen y la tentativa de asesinato en contra del
activista mexicano Gustavo Castro son Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez, un
mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado; y Sergio
Rodríguez, ejecutivo de la empresa Agua Zarca, que promueve un proyecto
hidroeléctrico en el occidente de Honduras, al que se oponía Cáceres.
Los detenidos
fueron enviados a la Penitenciaria Nacional, principal cárcel del país, ubicada
en el norte de Tegucigalpa, a la espera de una decisión sobre el caso, luego de
la audiencia que se espera se realice en un plazo de entre 60 y 120 días.
Por otro lado,
Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson Duarte, deberá comparecer en los
próximos días ante un juez por tener en su poder el arma con la que supuestamente
Cáceres fue asesinada.
Asimismo, el
Ministerio Público de Honduras dio a conocer que una sexta persona involucrada
en el asesinato de Cáceres se encuentra prófuga de la justicia.
El pasado
viernes, el Ministerio Público presentó en la audiencia "pruebas
periciales, documentales y testificales" del caso de la activista
hondureña.
En Contexto
Berta Cáceres
fue asesinada en su casa el 3 de marzo. La activista había denunciado una
semana antes de su muerte el asesinato de cuatro dirigentes indígenas de la
comunidad lenca.
Según un informe
del Equipo de Reflexión, Investigaciones y Comunicación (ERIC) de los jesuitas,
la dirigente indígena había sido amenazada por policías, militares y
paramilitares, cuando en abril de 2013 encabezó una serie de protestas
engrosadas por indígenas lencas contra una empresa hidroeléctrica china que
quería llevar a cabo un proyecto en el río Gualcarque.
La familia de
Bérta Cáceres, quien además era líder de la etnia lenca y coordinadora general
del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),
exige que un equipo de expertos internacionales participe en la investigación
del crimen.
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