Prensa Latina
Agrupaciones
civiles de Guatemala cuestionaron hoy a la Corte de Constitucionalidad (CC) por
avalar al recurso presentado por el empresariado contra la protesta convocada
por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), que mantiene
múltiples rutas bloqueadas.
El Comité de
Desarrollo Campesino, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC)
y el Colectivo de Organizaciones Sociales del Norte de Alta Verapaz, tacharon
de complaciente el fallo de los magistrados y alertaron sobre sus posibles
consecuencias.
La resolución,
emitida este 11 de mayo, orienta vigilar las manifestaciones en más de una
veintena de puntos del país por comunidades indígenas y campesinas, organizadas
y convocadas por la CNOC para que esas protestas no violenten los derechos
humanos ni la libertad de locomoción, señalaron.
"Este fallo
es complaciente a la solicitud de amparo colocada el día de ayer por los
grandes empresarios aglutinados en el Comité Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras", consideraron.
Y advirtieron
que ese dictamen indica, además, "que de violentarse los derechos a
libertad de locomoción de personas y vehículos actúen de inmediato en tomar
medidas".
El movimiento
social, que también mantiene cerrado el paso en varias rutas de todo el país y
congestionado el Centro Histórico de Ciudad Guatemala, exige al Gobierno que se
anulen los subsidios tributarios a las grandes empresas, acabar con la
persecución judicial a los defensores de los derechos humanos, acceso al agua,
a la energía eléctrica y penalizar el desvío de ríos.
También demanda
que se racionalicen todos los servicios y bienes privatizados en el país,
convocar a todo el pueblo a impulsar un proceso de Asamblea Constituyente
popular, plurinacional, desde las comunidades; y que renuncien y se castigue a
todos los diputados corruptos del Congreso, entre otras.
Mientras largas
filas de vehículos dificultan el tránsito de Oriente a Occidente y de Norte a
Sur de Guatemala, por los obstáculos impuestos por cerca de 50 mil campesinos e
indígenas en múltiples localidades, la Policía Nacional Civil (PNC) dice estar
preparada para recurrir a los métodos necesarios para poner fin a esa
situación.
El director de
la PNC, Nery Ramos, reconoció que el requerimiento de los campesinos es
legítimo, pero subrayó que la institución bajo su mando tiene clara su misión
de velar para que se respeten las leyes, sobre todo el derecho a la libre
locomoción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario