viernes, 22 de abril de 2016

Aprueban pliego de reformas propuestas por FGR

Por: Kevin Díaz

La Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria de este jueves las reformas al Código Penal, Procesal Penal y Ley Penal Juvenil solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

El pliego de reformas tiene como fin regular nuevas tipologías delictivas y la modificación de tipos penales vigentes, para garantizar el actuar inmediato de los cuerpos de seguridad en el combate al crimen organizado, específicamente a las pandillas.

Con las nuevas reformas al Código Penal, se considera delito si los pandilleros quieren controlar la libre movilización de los salvadoreños en los diferentes sectores y residencias del país.

“El que mediante violencia, intimidación, o amenaza sobre personas o los bienes, impida a otro circular libremente, ingresar, permanecer o salir de cualquier lugar del territorio de la República, “será sancionado con prisión de 4 a 8 años”, establece la reforma.

El decreto aprobado también define una sanción con prisión de tres a seis años, al que “indujere a un menor de dieciocho años de edad a abandonar la casa de sus padres, tutores o encargados del cuido personal o el centro educativo al que asiste”.

De igual forma, será penalizado negociar o pactar con pandillas, con penas de cinco a 15 años. Esta misma pena será adjudicada a  intermediarios, mediadores, interlocutores o cualquier figura parecida que hable a nombre de pandilleros.

En el caso de los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas de pandillas y organizaciones de naturaleza criminal, serán sancionados con prisión de 9 a 14 años. 

El que reclutare e indujere mediante engaños u obligare mediante actos de violencia, a menores de edad para su ingreso o incorporación a dichas agrupaciones o los utilizare como parte de una estructura delictiva, será sancionado con prisión de 15 a 20 años.

La reforma a la Ley Penal Juvenil aprobada permite la detención de un menor de 18 años cuando fuera encontrado en flagrancia o a solicitud de un fiscal o juez, algo que anteriormente solo se podía hacer por orden de éste último.

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