Por: Kevin Díaz
Representantes
de organizaciones sindicales y del Ministerio de Trabajo reiteraron su rechazo a la propuesta de incremento al salario mínimo presentada por la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
La iniciativa de
la gremial empresarial define un aumento del 9%, es decir 3% por cada año.
“Este incremento
representa en el sector comercio y servicio 25 centavos diarios, en el sector
industria representa 24 centavos, en el sector maquila 21 centavos, y en sector
agrícola 12 centavos diarios; esto es una burla para las y los trabajadores”,
señaló Mari Carmen Molina, representante de la Confederación Sindical de
Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (CSTS).
En el Consejo
Nacional del Salario Mínimo se están estudiando 12 propuestas, 7 de sindicatos,
2 de organizaciones sociales, 2 del sector privado y la del gobierno.
Las
organizaciones y el partido FMLN presentaron escritos ante el Consejo,
demandando que los debates para sustentar la aprobación del ajuste al aumento
del salario mínimo, sean públicos.
“La Constitución
de la República y la Ley de Acceso a la Información Pública, nos brinda ese
derecho de acceder a la información, este es un tema de relevancia nacional, de
interés no solo de la clase trabajadora sino de la población en general”,
argumentaron.
La titular de
Trabajo, Sandra Guevara, ha informado que la ANEP y representantes del sector
laboral en el ente tripartito, se oponen a que los debates sean públicos.
El Ministerio de
Trabajo eroga un presupuesto de $40 mil al año para el Consejo del Salario
Mínimo, destinado para cancelar las dietas semanales y para su funcionamiento.
Los integrantes
de esta instancia se reúnen una vez a la semana durante todo el año.
Al año cada miembro
de la ANEP cobra del presupuesto mencionado más de 2,743 dólares, únicamente
por 48 sesiones en el Consejo. En total, por sus 4 miembros la ANEP cobra más
de $10, 972 por 48 reuniones, únicamente en dietas.
Guevara recalcó
que el ente tripartito por recibir una erogación en concepto de dietas para sus
integrantes, y por tener una asignación presupuestaria para su funcionamiento
está en la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía.
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