Por: Kevin Díaz
El Gobierno justificó
en un comunicado la detención de militares implicados en el asesino de los
sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras ocurrido en noviembre de 1989.
Reiteró que la
Estado salvadoreño tiene el compromiso de cumplir con los tratados
internacionales, en este caso con la difusión roja emitida por la Organización
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
“En 1956 se
aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Estatuto de INTERPOL,
del que El Salvador es miembro desde el 8 de diciembre de 1959. El Reglamento
sobre Tratamiento General de Datos, aprobado por la Asamblea General de
INTERPOL, regula las denominadas notificaciones rojas, cuya finalidad es
localizar a una persona buscada y detenerla o limitar su desplazamiento con
miras a su extradición”, indicó.
La Corte Suprema
de Justicia (CSJ) ha emitido diversos pronunciamientos sobre las difusiones
rojas.
El 24 de agosto
de 2011, la Corte en Pleno declaró que la difusión roja es un mecanismo
eminentemente de búsqueda y localización policial de fugitivos, más no de
captura de los mismos ni equivale a una solicitud de detención provisional con
fines de extradición.
La Sala de lo
Constitucional, en agosto de 2015, calificó como inaceptable el precedente
establecido por la Corte en Pleno “debido a que desnaturaliza las atribuciones
de Corte Plena y de INTERPOL, así como tergiversa la utilización de una
herramienta de cooperación policial internacional creada con fines
específicos”.
La Sala concluyó
en su resolución que la difusión roja no se limita a una simple orden de
localización, sino que implica la captura del procesado.
Mediante esta
sentencia, la CSJ retomó el criterio definido por la Sala declarando que “la
publicación de una notificación roja tiene por objeto la detención de una
persona en el territorio de un Estado, para ulteriormente ser entregado a otro,
por existir un proceso o una condena penal pendiente en su contra”.
El Ejecutivo señaló
que el cambio de criterio obligó a la Policía Nacional Civil a cumplir con las órdenes
de detención reiteradas por el Juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy
Velasco.
“La PNC dio
cumplimiento a la notificación roja en contra de los procesados, contando con
las órdenes de allanamiento giradas por autoridad judicial para ingresar a sus
residencias. En tal sentido, con fecha 5 de febrero de este año, se detuvo a
cuatro de las personas requeridas, en total apego a la ley y respetando plenamente
sus derechos fundamentales”, manifestó.
Los procesados
han sido puestos a la orden de las autoridades judiciales, las que deberán
decidir sobre la libertad o la extradición de los militares en retiro.
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