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El 11 de
septiembre de 1973, Chile sufrió un golpe de Estado, acontecimiento que supuso
un antes y un después en su historia. Durante la dictadura de Augusto Pinochet
(1974-1990), entre otras duras realidades, los militares chilenos tuvieron
orden de arrestar a los opositores al nuevo gobierno enviándolos a diferentes
centros de tortura del país, donde se cometieron gran cantidad de crímenes y
aberraciones contra los opositores.
Ejemplo de ello
es el Estadio Nacional o la Villa Grimaldi, en Santiago de Chile, notorio por
ser uno de los lugares de reclusión más cruentos de ese oscuro período. Atados
de pies y manos, los presos políticos que llegaban hasta este centro sufrieron
todo tipo de vejaciones por parte de los agentes de la Dirección de
Inteligencia Nacional, la DINA.
La vida en el "infierno" de Villa
Grimaldi
"Esto era
un infierno", describe Jorge Amaro, superviviente de Villa Grimaldi, uno
de los primeros en llegar a este centro que aún recuerda cómo 45 personas
vivían hacinadas en una pequeña celda mientras escuchaban los gritos de de
mujeres torturadas hasta la muerte, las descargas eléctricas, las palizas a
compañeros y los atropellos con coches. Aunque, según relata Amaro, también fue
un lugar donde conoció grandes amigos entre los supervivientes de la represión.
"Después de
la electricidad, a la gente le dan unas reacciones como de frío", explica
Amaro. "Yo le dejé mi chaqueta a uno que llegó muy mal, a quien luego me
encontré en Puchuncaví con ella y desde entonces nos hicimos muy grandes amigos",
prosigue.
"Nosotros
lo que queremos es un reconocimiento, primero que se identifique a todos estos
criminales y que estos sean procesados y castigados", denuncia Patricio
Negrón, secretario general de la Unión de Ex-Presos Políticos de Chile (UNEXPP)
y superviviente de Villa Grimaldi, que regresó a su país para hacer justicia
por los 236 desaparecidos en este campo de muerte. Sin embargo reconoce que, a
pesar de haber una Policía especializada en estos crímenes, "son
investigaciones complejas".
Investigación a contrarreloj
Actualmente son
930 los procesos de investigación abiertos sobre los casos de presos políticos
y desparecidos, procesos en los que los testimonios de los supervivientes son
clave. Por esta razón, el tiempo es un gran enemigo y muchos de los que
lograron vivir ya han fallecido por edad o por enfermedad.
"El
programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior lleva las causas de
los detenidos y desaparecidos por la dictadura, pero no tiene competencia aún
para las reparaciones", explica Rodrigo Lledó, jefe del Área Jurídica del
Programa de DD.HH. del Ministerio citado. Mientras tanto, debido a que este
tema se fue postergando durante mucho tiempo, "los imputados por los
crímenes de la dictadura de Pinochet han ido falleciendo", como el mismo
dictador Pinochet en 2006 y en 2015 el jefe de la DINA Manuel Contreras entre
otros tantos altos cargos oficiales, así como los familiares de los detenidos y
desaparecidos, manifiesta Lledó.
Hoy en día, son
los hijos de las víctimas quienes continúan con este proceso y piden que los
condenados no sigan en la cárcel militar con régimen especial de Punta Peuco.
Muchos de los ya
condenados "están compartiendo celda con otro imputado", asegura
Rodrigo Lledó. "La alternativa ya es poner un tercero o más en la misma
celda, lo que implica ya situaciones de hacinamiento, o bien recurrir a las
cárceles comunes, que es lo que piensan las agrupaciones", recalca Lledó.
Desde 1997, lo
que antes fue un cruel centro de tortura hoy es conocido como el Parque por la
Paz Villa Grimaldi. El arquitecto y restaurador de este parque, Luis
Santibáñez, que también sobrevivió a las penurias del centro, explica que,
gracias a los recuerdos, a los testimonios y los pocos antecedentes de que
disponían lograron reconstruir el lugar, desde donde colgaban a los
prisioneros, hasta los diseños de las celdas o los caballitos de mar de las
baldosas para "que los recuerdos permanezcan vivos". Este parque
"es importante porque es el primer lugar de latinoamérica en recuperar de
la dictadura", añade Santibáñez.
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