Por: Kevin Díaz
“Tenemos agua,
pero está contaminada”, aseguró Vicente Hernández, habitante del cantón San
Sebastián, en el departamento de La Unión, donde la empresa estadounidense Commerce
Group explotó minería desde 1987 y suspendió las excavaciones en 1999.
La Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) presentó un informe sobre el
“Legado de la mina de San Sebastián”, el cual analiza los impactos de la
minería metálica en la vida de las poblaciones afectadas.
“Se concluye que
el drenaje ácido de minas es uno de los legados negativos más notables de la
mina San Sebastián. Se estima que el costo total para prevenir y remediar el
efecto del drenaje es de $70,000 y $180,000 respectivamente, más los costos de
mantenimiento que varían entre $15,000 a $52,000 al año”, señala el informe.
La PDDH
contempla en el informe una serie de recomendaciones, varias de ellas
encaminadas a remediar los daños a los ecosistemas y a reparar los derechos
humanos de las personas que habitan en los cantones de Santa Rosa de Lima.
“Con este
informe se está demostrando que la explotación minera no tiene viabilidad en el
territorio salvadoreño”, apuntó David Morales, titular de la institución.
En este sentido,
la Procuraduría reiteró su llamado a la Asamblea Legislativa a aprobar una Ley
que prohíba definitivamente la exploración y explotación de minería metálica, y
también pide al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
impulse acciones paliativas ante los efectos de la mina San Sebastián.
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