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Gremios
argentinos de trabajadores estatales protestaron este miércoles por los
despidos masivos que tienen lugar en varias dependencias públicas, práctica que
también sucede en intendencias provinciales según denuncian medios locales.
El secretario
general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero,
denunció la cesantía la víspera de más de 2.000 empleados del Senado que
decretó la vicepresidenta Gabriela Michetti.
En diálogo con
Radio Del Plata Di Próspero manifestó que Michetti como titular de la cámara
alta primero firmó el decreto y después creo una comisión para investigar los
casos.
El gremialista
sostuvo que si las nuevas autoridades del Senado alegan que hay personas que
cobran sin trabajar en esa institución “tienen que tener primero los nombres y
denunciar la situación a los tribunales, no hacer despidos masivos”.
Calificó la
medida de aberrante desde el punto de vista jurídico, ya que los despedidos
“eran planta permanente y vienen a trabajar todos los días”. En su opinión, es
una cacería de bruja por motivaciones políticas.
“Hay mucha
hipocresía, esto es una política de Estado y la quieren dibujar para justificar
que van a echar trabajadores porque quieren un estado chico. Esta es una
política que ya la vivimos”, enfatizó el líder sindical.
Desde la sección
Congreso de la Asociación de Trabajadores del Estado, Claudio Brito dijo según
reporta Infonews que están en estado de alerta y movilización.
Brito alerto que
el gremio no permitirá atropello, aunque dijo que el sindicato no está contra
la auditoría impulsada por la Vicepresidenta, pero reclamó participación de su
gremio en la comisión conformada a ese efecto.
Se quejó de que
el sindicato no recibió notificación oficial alguna sobre la medida. “Si ellos
quieren hacer una gestión clara de cara a la sociedad, como dicen, creo que
estos temas se tendrían que haber llevado a las negociaciones de contrato
laboral y todavía no las hemos comenzado”.
Tanto la APL y
la ATE Congreso harán un planteo ante los tribunales. A su vez, la Unión del
Personal Civil Nacional (UPCN) consideró la acción de Michetti una injusticia.
En un
comunicado, el líder de la sección del Congreso de la UPCN, Martín Roig,
rechazo por la acción de la vicepresidenta por considerarla “un avasallamiento
a los derechos de los trabajadores y de 2.034 familias que lanzadas a la
calle”.
El ministro de
Gestión y Modernización, Andrés Ibarra, justificó los despidos y reiteró la
decisión del gobierno de Maurico Macri de revisar unas 64.000 contrataciones en
dependencias públicas.
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