Por: Kevin Díaz
Funcionarios de
gobierno y representantes de organizaciones se han manifestado en contra del
bloqueo de los $900 millones en bonos, ordenado por la Sala de lo
Constitucional, que están destinados para programas sociales y de seguridad.
Así también, el Procurador de Derechos
Humanos, David Morales, reiteró su llamado a los magistrados a emitir una
sentencia definitiva en los próximos días.
“La retardación
de la justicia en este caso, está afectando el posible desarrollo de programas
sociales y también del financiamiento de programas que están definidos en la
política de seguridad”, sostuvo.
El Ejecutivo
pretende dirigir $100 millones para el combate a la delincuencia, acción que
fue congelada desde junio por cuatro magistrados de la Sala.
Morales espera
que la resolución se base en garantizar derechos humanos que los programas
sociales aportan.
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