Por: Kevin Díaz
La Red por el
Derecho a la Comunicación (ReDCo) presentó un escrito en la Asamblea
Legislativa dirigida a la Comisión Ad Hoc que estudia reformas a la Ley de
Telecomunicaciones, solicitando un debate serio sobre las reformas ordenadas
por la Sala de lo Constitucional, y exhorta a emitir un dictamen que tome en
cuenta sus propuestas y las del Ejecutivo.
Las
organizaciones integrantes de la Red rechazaron el dictamen aprobado por diputados
de derecha en la última reunión de la comisión, reiterando que “contradice la
sentencia de la Sala y violenta estándares internacionales de libertad de
expresión”.
La propuesta de parlamentarios
de ARENA, PCN y GANA plantea únicamente un concurso como mecanismo de
asignación de frecuencias alterno a la subasta. Este concurso sería para los
“medios locales”, definiendo así a los medios comunitarios.
El representante
y abogado de ReDCo, Roberto Rugamas, enfatizó que esta propuesta violenta el
principio de igualdad en el acceso al espectro radioeléctrico, debido a que
establece límites a los medios comunitarios y ninguna restricción a los medios
que se les asignen frecuencias por el mecanismo de subasta (medios
comerciales).
“En lugar de
reconocer derechos para los medios comunitarios, lo que hacen es llamarlos con
distorsión medios locales a los medios comunitarios. Ignoran este
reconocimiento y establecen una serie de obstáculos mayores que los ponen en
peor desventaja de la que se encuentran frente a los medios comerciales, esto
es contrario a los estándares de derechos humanos”, señaló.
Asimismo,
rechazan que el dictamen de la derecha legislativa plantea que serán los
interesados en las concesiones quienes decidirán el mecanismo para obtenerla,
si por subasta o por concurso.
“En ningún estado democrático eso es posible,
dado que es la ley la que dice cual es el proceso previo no el sujeto el que
decide”, apuntó Rugamas.
Esta propuesta
no fue aprobada por el pleno legislativo, por tal razón hacen el llamado a la Comisión
Ad Hoc a incluir en las reformas los elementos presentados por la Superintendencia
de Competencia y la SIGET; también las recomendaciones de la Relatoría de
Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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