La Radio del Sur
Esta semana, la Colectividad en Defensa del Maíz (más de 20 organizaciones) y empresas que producen semillas transgénicas entre las que se encuentran Monsanto, Dupont Pioneer, Syngenta y Dow Agrosciences, empezarán un juicio que puede durar años y sentar precedente en la lucha a favor y en contra de los transgenicos.
Después de 10 años de vigencia de la Ley de Bioseguridad, se abre un proceso en el que la decisión final será si en México se pueden o no sembrar transgénicos. El problema es complejo y va más allá de la siembra: implica también la comercialización de más de 100 productos transgénicos en el país.
Por ejemplo, el 30 por ciento del maíz que se consume en el país pertenece a esta especie. México es el quinto productor de maíz y el segundo importador más grande del mundo. En el país se consumen entre 30 y 35 millones de toneladas del grano en 8 millones de hectáreas y al año se importan entre 10 y 12 millones de toneladas, lo que cuesta unos 40 mil millones de pesos.
Después de 21 meses, el caso se va a dirimir en un solo tribunal, después de haber pasado por otros 17. Las dos partes admiten que no hay diálogo y que sus posturas no van a variar.
Entonces los tribunales federales estudiarán si la siembra de maíz genéticamente modificado dañará el derecho de los mexicanos la diversidad biológica, es decir, si la contaminación de maíz con transgenes vulnera el derecho de utilizar las razas nativas, así como el derecho para aspirar a obtener más variedades, a partir de los nativos o de su par silvestre.
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