Prensa Latina
Las ciudades
santuario en Estados Unidos carecerán de la posibilidad de participar en un
nuevo programa gubernamental de entrenamiento contra el delito, apuntó hoy el
fiscal general, Jeff Sessions.
Esas urbes, que
son unas 200 a nivel nacional, limitan su colaboración con las autoridades
federales en aras de ofrecer seguridad a los inmigrantes indocumentados.
Al proteger a
criminales de la aplicación de las leyes sobre inmigración, las ciudades y los
estados con las llamadas políticas santuario nos dejan a todos menos seguros,
consideró Sessions, citado por reportes de prensa.
De acuerdo con
el secretario de Justicia, cuatro departamentos policiales locales manifestaron
su interés en la nueva iniciativa de seguridad pública: Albuquerque, en Nuevo
México; Baltimore, Maryland; y San Bernardino y Stockton, California.
Sin embargo,
explicó que cada uno deberá responder una serie de preguntas para confirmar que
no tienen políticas para evitar una posible deportación de inmigrantes
ilegales.
El pasado 26 de
julio, Sessions anotó en un comunicado que las entidades estadounidenses
deseosas de fondos de un programa del Departamento de Justicia deberían cumplir
las normas contra las ciudades santuario.
Según las
medidas, las autoridades locales abrirán sus cárceles a los agentes del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y notificarán con 48 horas de
antelación la puesta en libertad bajo custodia de cualquier persona sin
papeles.
Para alcanzar la
máxima prioridad del Departamento de Justicia de reducir los delitos violentos
debemos alentar a estos territorios santuario a cambiar sus políticas, sostuvo.
Reportes
periodísticos divulgaron que el programa de ayudas Byrne JAG reparte unos 375
millones de dólares anuales destinados a personal, equipos y entrenamiento.
A partir de
ahora, solo se adjudicarán fondos a las ciudades y estados que cumplan con la
ley federal, puntualizó Sessions.
Pocos días
después de asumir el cargo el 20 de enero pasado, el presidente Donald Trump
firmó una orden ejecutiva para resucitar los programas de cooperación entre las
fuerzas del orden y las autoridades migratorias.
La disposición
se encaminó además a interrumpir la concesión de ciertos recursos financieros a
las ciudades mencionadas.
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